Un informe jurídico del Gobierno de Canarias propone anular las autorizaciones de ampliación de un 'beach club' de Adeje por violar la Ley de Costas
- La secretaria general técnica de la Consejería de Transición Ecológica avala la revisión de oficio de los permisos concedidos al Monkey que investiga la Justicia en una causa con 13 imputados
- La propuesta concluye que la sala de fiestas no presta un uso "conveniente" para el dominio público marítimo-terrestre y pide que se declare la nulidad de pleno derecho, a falta de que se pronuncie el Consejo Consultivo
El pasado 17 de abril, la música regresó a un local de ocio que mira de frente al océano desde la primera línea de una concurrida playa del municipio tinerfeño de Adeje. No era un evento cualquiera, como se encargó de recordar el establecimiento en sus redes sociales: "1.281 días después, vuelve la fiesta de los domingos al Monkey Beach. Últimas entradas a la venta". Un clima de celebración que contrasta con los problemas judiciales y administrativos que acorralan al negocio. La última sacudida a los cimientos del edificio ha llegado a través de un informe jurídico del Gobierno de Canarias, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, que propone anular las autorizaciones que permitieron ampliar la instalación en contra de la Ley de Costas.
La secretaria general técnica de la Consejería de Transición Ecológica de Canarias, Marta Bonnet, en un informe firmado el pasado 28 de abril, realiza una propuesta de revisión de oficio de las dos autorizaciones que concedió Política Territorial en 2017 y 2019 a la promotora del Monkey Beach Club para ampliar la sala de fiestas. La jurista solicita que se declare "la nulidad de las resoluciones" otorgadas al establecimiento "al no estar ante un uso considerado conveniente para el dominio público".
El siguiente paso, una vez que se dé trámite a las partes para que aleguen lo que estimen, será solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, que tendrá que pronunciarse sobre si existen motivos para anular las autorizaciones. Con los permisos de Política Territorial caerían también las licencias municipales, lo que abriría el camino a derribar toda la obra de ampliación y recuperar la legalidad infringida. El impulso al expediente administrativo de revisión de oficio coincide con las últimas diligencias de la causa penal, en la que se investiga la presunta comisión de delitos contra el territorio y en la que hay 13 imputados.
Mientras, el Monkey Beach Club ha vuelto a anunciar otra fiesta para el próximo 4 de junio. Los eventos musicales siempre han sido el sello de identidad del local, más allá de que desde hace unos años también se haya abierto un restaurante en el edificio. Bailar desde una terraza por encima de la arena mientras reconocidos deejays pinchan sus últimas creaciones es lo que convirtió el negocio de la familia Cabrera en un referente del ocio de playa. Pero lo que se discute en los juzgados y en los despachos no es el éxito del modelo de negocio, sino la conveniencia de ese uso para el dominio público marítimo terrestre. Algo que no comparten los vecinos de la Comunidad Galaxia, denunciantes de las obras de ampliación; la Fiscalía; el perito judicial que presentó un extenso dictamen en la causa penal y, ahora, la secretaria general técnica de Transición Ecológica.
El Monkey Beach Club no es el tradicional chiringuito integrado en el paisaje, de los que te permiten levantarte de la toalla a buscar una consumición y regresar a la arena; mucho menos después de su ampliación. El establecimiento es un edificio que se levanta en plena servidumbre de protección del dominio público, donde se organizan fiestas en las que es necesario comprar una entrada para acceder al local. Es una plataforma para bailar con vistas al mar. El Monkey no es un servicio de la playa, sino un negocio que hace caja gracias a la playa.
Aunque el debate jurídico sobre la actuación del Monkey Beach Club es más amplio, el centro de la controversia gira sobre el artículo 25.2 de la Ley de Costas, que establece que en la servidumbre de protección, "con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas".
Como explica la secretaria general técnica en su informe, poca discusión existe sobre que una instalación como el Monkey Beach Club podría tener otra ubicación, al igual que tampoco se sostiene que sus servicios sean necesarios. El local se levanta en plena avenida marítima de Las Américas, junto a la arena de la playa de Troya; una zona donde abunda la oferta de ocio y restauración.
Más complicado es interpretar si los usos del Monkey Beach Club son "convenientes". Una dificultad que, como ha reconocido la jurisprudencia, se agrava porque se trata de un "concepto jurídico indeterminado". Para resolver esta controversia, el Tribunal Supremo plantea la necesidad de analizar cada caso concreto "atendiendo a los fines y objetivos de la protección que se dispensa al dominio público, lo que necesariamente conduce a que el criterio deba ser restrictivo".
De ese planteamiento restrictivo parte la secretaria general técnica para analizar el caso del Monkey Beach Club. La primera conclusión a la que llega es que "la actuación puede producir un impacto o externalidad negativa sobre el dominio público, pues ya existen multitud de actividades similares en la zona". El informe explica que "el hecho de que existan multitud de bares, restaurantes o salas de fiesta en la zona no implica que cualquier actividad de esta naturaleza deba ser considerada, de forma indistinta, como conveniente".
La propuesta de Marta Bonnet concluye que con la actividad del Monkey Beach Club "no se aprecia la mejora efectiva de las condiciones de uso y disfrute del demanio, todo lo contrario". Y recuerda que el hecho de estar amparado en el planeamiento, en el momento de las autorizaciones lo estaba en base al PMM de Costa Adeje, que fue anulado posteriormente, "no supone que sea conveniente".
La interpretación que se haga del artículo 25.2 de la Ley de Costas es clave, porque su incumplimiento provoca la aplicación de la disposición transitoria cuarta de la misma legislación, que prohíbe en la servidumbre de protección las obras que impliquen "aumento de volumen, altura o superficie de las construcciones ya existentes". En base a ello, la secretaria general técnica considera que concurren todos los elementos para declarar la nulidad de las autorizaciones concedidas al Monkey Beach Club.
Otros criterios
La posición que mantiene en su propuesta la secretaria general técnica en su informe no es fácil, y no solo por la complejidad jurídica del conflicto urbanístico. Lo que plantea Marta Bonnet es anular unas resoluciones que dictó un área, Política Territorial, que está integrada en la Consejería de Transición Ecológica. Unos permisos por los que se investiga al exviceconsejero Jesús Romero, que tomó sus decisiones en base a informes técnicos que ahora son discutidos por la jurista y que ya fueron cuestionados por el perito judicial.
A Jesús Romero, además, lo defiende en la causa penal el propio Gobierno de Canarias a través de sus servicios jurídicos. A esto se suma el retraso que ha llevado el expediente de revisión de oficio de las autorizaciones, que fue solicitado por la Comunidad Galaxia en junio de 2020, pero que no empezó a caminar hasta mayo de 2021. En el recorrido de alegaciones y trámites, otro departamento de Transición Ecológica, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas, emitió un informe en el que defiende la conveniencia de los usos del Monkey Beach Club.
El informe de Ordenación del Territorio tiene fecha de 11 de noviembre de 2021 y concluye que "la actividad destinada a la hostelería-restauración tiene encaje en el concepto jurídico indeterminado del artículo 25.2 de la Ley de Costas". Por ello considera que las resoluciones son "ajustadas a derecho" y recuerda que lo contrario sería contradecir el PMM de Costa Adeje, que permitía la ampliación del Monkey Beach Club, "además de actuar contra nuestros propios actos".
La respuesta de Ordenación Territorial no convenció a la secretaria general técnica, como tampoco lo hicieron las alegaciones que durante la tramitación del expediente presentó la promotora o un dictamen de un catedrático de la Universidad de La Laguna (ULL) que aportó el Ayuntamiento.
El informe del catedrático de Derecho Urbanístico Francisco Villar ya fue incorporado a la causa penal por una de las investigadas, Ermitas Moreira, exconcejala de Urbanismo, para influir en el perito judicial, que tampoco consideró válidos los argumentos del experto de la ULL. El dictamen, que se encargó por el Ayuntamiento de Adeje sin tramitar expediente administrativo como una supuesta ampliación de un trabajo anterior sobre la anulación del PMM, se alinea con la tesis de que los usos del Monkey Beach Club son convenientes para el dominio público marítimo terrestre.
En la causa penal también se investiga a los miembros de la Junta de Gobierno que aprobó las licencias municipales. Entre ellos, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que a su vez es uno de los líderes destacados del PSOE, el mismo partido que dirige la Consejería de Transición Ecológica.
Sobre estas arenas movedizas se ha levantado la secretaria general técnica para dar un impulso a la posible anulación de las autorizaciones del Monkey Beach Club, a la espera de la posición que adopte el Consejo Consultivo. Hasta entonces, la música volverá a sonar en la playa de Troya y la fiesta continuará en la servidumbre de protección mientras se decide si una plataforma para bailar delante del mar se puede considerar un uso conveniente para el dominio público.