Habían diseñado un entramado por el que usurpaban las direcciones de correo electrónico de usuarios en relaciones comerciales para modificar cuentas bancarias en las que se debían realizar transferencias y estas se abonaran a su favor. En uno de sus movimientos, fechado en junio de 2020, lograron hacerse con los 40.600 euros que la empresa de ultracongelados SAAR -en Ejea de los Caballeros- debía abonar a uno de sus proveedores.
Esta artimaña no ha quedado impune y Patricia San José Busto y Raquel Bustos Herraiz -tía y sobrina- han sido condenadas por la Audiencia Provincial de Zaragoza por un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, mientras que se les absuelve del delito de pertenencia a organización criminal por el que también se les había encausado.
Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba para ambas una pena de 20 meses de prisión por cada uno de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, un año por pertenencia a organización criminal y una multa de 100.000 euros.
No obstante, las partes enjuiciadas de la mano de Claudia Melguizo, letrada de la acusación particular, y de José Javier Gómez, letrado de la defensa, alcanzaron un acuerdo por el que ninguna de las condenadas se verá entre rejas ya que las penas no superan los dos años en ninguno de los dos casos.
En este sentido, Raquel B. H. se enfrenta a un año de prisión por el delito de estafa y a otro año por el delito de blanqueo de capitales. Por su parte, Patricia S. J. B. afronta 21 meses de prisión por el delito de estafa y otro año por blanqueo. Ambas deberán hacer frente al pago de una multa económica de 40.600 euros, la cual abonarán a razón de 200 euros mensuales.
Un tercero, en busca y captura
Todavía hay un tercer acusado, Joel José Payano, que no ha llegado a sentarse en el banquillo ya que se encuentra en busca y captura. Para él, la Fiscalía pide dos años de prisión por estafa, uno por blanqueo de capitales, otro por pertenencia a grupo criminal y una multa de 100.000 euros.
El modus operandi, denominado Man in The Middle, se basa en un sistema en el que los tres acusados tenían la capacidad de leer, insertar y modificar bajo su criterio los mensajes de cliente y proveedor sin que ellos fueran conscientes de estas modificaciones.
Así consiguieron información sobre esa factura de 40.600 euros que el proveedor acabó abonando en una cuenta bancaria que pertenecía a los criminales cuando él pensaba que se la había transferido a la empresa SAAR. Patricia y Raquel empezaron a mover rápidamente el dinero a través de nuevas cuentas que habían formalizado y, en total, completaron cuatro transferencias entre el 5 y 8 de junio.
Durante esos cuatro días, tía y sobrina retiraron parte de la cantidad estafada en una serie de extracciones comprendidas entre 1.000 y 2.000 euros y efectuadas en un cajero automático de Cuenca. El 11 de junio ya se bloquearon sus dos cuentas con un saldo superior a 10.000 euros en cada una de ellas.
